Mostrar 4 resultados

En forma previa a la creación del fondo y sus inicios la institución productora era una Oficina de Informaciones y Prensa, supeditada a realizar el seguimiento únicamente de la figura del gobernador de turno; creada el 01/09/1943 por Decreto 449 bis. El 19/05/69 se crea la Dirección de Prensa de la Provincia en reemplazo de esa Dirección a través de LEY Nº 4293 sancionada y promulgada el 19/05/69 y publicada en el Boletín N° 8310, el día 21 de Mayo de 1969.
Durante la gestión de los gobernadores Miguel Ragone y Roberto A. Ulloa el área se denominó Dirección General de Información Pública. Juan Carlos Villa Mayor fue Director del área durante la gestión del primero y Carlos Torres de la Puerta durante la gestión del segundo.
Cuando asume Roberto Romero, en el año 1983, jerarquiza el área y le da el estatus de Secretaría General de Prensa. Estuvieron a cargo Guillermo Gonza, Ricardo Martínez y Luis Marocco.
Hasta el año 1987 el área de Prensa y Difusión funcionó en Mitre 23 junto a la oficina de Ceremonial.
Durante la gestión de Hernán Hipólito Cornejo, que comienza en el año 1987, se denominó nuevamente Dirección General de Prensa. En ésta etapa las oficinas de prensa se mudan a la planta baja del Centro Cívico Grand Bourg. Estuvo a cargo del área Antonio Marocco.
A partir del primer mandato democrático de R. Ulloa, año 1991, se la designó nuevamente Secretaría de Prensa y Difusión. Durante el primer año la Secretaría abarcó tanto Prensa y Difusión como Ceremonial, en ese lapso de tiempo estuvo a cargo de Ignacio Esteban. A partir de 1992 se separan Prensa y Difusión y Ceremonial y queda a cargo de la primera Julio De Vita.
Continuó como Secretaría de Prensa y Difusión durante la gobernación de Juan Carlos Romero, entre 1995 y el 2006, en un principio el secretario era Juan Manuel Urtubey y lo sucedieron Humberto Echechurre e Iván Romero.
Luego durante los primeros años del mandato de Juan Manuel Urtubey como Secretaría de Prensa y Difusión. En el año 2012, en el transcurso del segundo mandato de Urtubey se re nombró como Secretaría de Comunicación.
Desde sus inicios funcionó como una dependencia del Ministerio de Gobierno.
La función de la Secretaría es y fue realizar el seguimiento de las diferentes gestiones gubernamentales pero a medida que creció el aparato estatal se ampliaron las necesidades de cobertura a otros funcionarios y áreas. Es por esto que el área también fue adquiriendo jerarquía, importancia y dimensiones.

El 9 de febrero de 1872 se dictó la Ley N° 27, mediante la cual se creó el Consejo de Instrucción Pública con el objeto de fomentar la educación popular. El organismo asumió desde su origen la función de proyectar las leyes de organización escolar, organizar el ramo administrativo y gestionar el fondo de escuelas. En la reforma constitucional de 1875, la dirección de las escuelas comunes quedó bajo la responsabilidad del Departamento de Instrucción Pública, que concentró la administración general y la dirección técnica del sistema. En 1877, la Ley N° 181 determinó las funciones de este Departamento, entre las que se destacaron la dirección de la instrucción primaria, el nombramiento y remoción de preceptores, y la conservación de los edificios escolares.

A partir del 1 de enero de 1883, el Consejo General de Educación se convirtió en una repartición centralizada del Ministerio de Gobierno. Con la sanción de la Ley N° 31 de 1886, el Consejo asumió facultades específicas para fijar el mínimum de enseñanza, dictar reglamentos y programas, y administrar el fondo escolar. El organismo ejerció además la potestad de expedir certificados de magisterio y revocar títulos en casos de negligencia. El Director o Inspector General asumió la jefatura de los empleados, autorizó las órdenes de pago, inspeccionó las escuelas y vigiló el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Por su parte, los Inspectores Seccionales realizaron las visitas permanentes a los establecimientos y elevaron la información técnica a la superioridad.

En julio de 1889, la Ley N° 164 otorgó al Consejo autarquía institucional. A través de su Reglamento Interno de 1890, el organismo organizó su trabajo en comisiones de Hacienda, Reglamento y Didáctica. El Presidente asumió la representación externa, firmó cada acto administrativo y nombró a las comisiones examinadoras de aspirantes al magisterio. El Inspector Secretario redactó la correspondencia, vigiló el orden del archivo, autorizó los actos administrativos y tomó las estadísticas bimestrales y anuales de todas las escuelas públicas y privadas. Asimismo, el Contador registró los bienes patrimoniales y liquidó los sueldos, mientras que el Tesorero recibió los fondos y ejecutó los pagos ordenados.

El Consejo ejerció también funciones de control social y fiscalización territorial. A través de las Comisiones Escolares y los Subinspectores de distrito, el organismo vigiló la conducta de los preceptores, proveyó mobiliario y útiles, e impulsó la formación de bibliotecas populares. El Consejo ejecutó además la obligatoriedad escolar mediante la realización del censo anual de niños y la aplicación de multas a padres y tutores, las cuales se hicieron efectivas mediante el apremio policial. En 1897, se incorporó la función de Inspección Higiénica y Médica para el control sanitario de los establecimientos.

En 1954, la Ley N° 2973 reorganizó estas funciones y puso a cargo del Consejo la dirección técnica del régimen de educación integral y argentinista. El organismo asumió la responsabilidad de cumplir las leyes nacionales, dictar la administración contable, promover el conocimiento del folklore regional y facilitar la capacitación docente. El Presidente controló la inspección técnica, dirigió el trabajo de los inspectores de zona y dispuso la instrucción de sumarios administrativos. El Secretario Técnico centralizó la función administrativa de la Inspección, confeccionó la memoria anual y organizó los exámenes para alumnos libres. Finalmente, en 1995, la Ley N° 6.829 adecuó estas funciones a la estructura de la Ley Federal de Educación.